Cuidado, vulnerabilidad e interdependencias. Nuevos retos políticos


El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales acaba de publicar una obra de gran interés para el mundo del cuidado. Lleva por título: “Cuidado, vulnerabilidad e interdependencias. Nuevos retos políticos”. Su autora, Mª Teresa Martín Palomo, posee una amplia experiencia en el tema; ha sido profesora de la Universidad Carlos III y actualmente lo es de la Universidad de Granada, donde es la investigadora responsable del grupo Interdependencia, Cuidado y Género (INCUGE), grupo asociado del Programa ENCAGE-CM (Envejecimiento activo, calidad de vida y género).

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Libro Blanco sobre Fragilidad


Descarga (versión en inglés) (versión en francés)

La Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría (International Association of Gerontology and Geriatrics, IAGG, fundada en 1950) puso en marcha en 2011 una red de investigación (Global Aging Research Network) con el objetivo de promover estudios sobre salud y envejecimiento para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores en todo el mundo. Un resultado de ese trabajo es el Libro Blanco sobre Fragilidad (versión en inglés; también en versión francesa).

 

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Las huellas de la crisis son visibles en muchos procesos demográficos


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Aspectos jurídicos de la discapacidad y la dependencia: especial referencia los mayores


Durante el verano de 2015 se ha dictado la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, que afecta a cuestiones variadas en relación con la protección de las personas mayores y su eventual incapacitación. Por otro lado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) organiza un Curso de Experto Profesional en materia de dependencia y discapacidad. Por este motivo le hemos solicitado a la profesora de la UNED Patricia López Peláez una breve introducción sobre la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria y su relación con los mayores, y conocer así porqué este curso es interesante.

Patricia López Peláez. Profesora Titular de Derecho Civil. Facultad de Derecho, UNED

La Ley de Jurisdicción Voluntaria, 15/2015, de 2 de julio (LJV)

Esta Ley abandona los términos “incapaz” e “incapacitación” y los sustituye por la referencia a las “personas cuya capacidad está modificada judicialmente”, tanto en esta Ley como en la Ley de Enjuiciamiento Civil (D. Final 3ª). Curiosamente el Código Civil no ha sido modificado y el epígrafe sigue siendo la incapacitación.

Las causas para modificar judicialmente la capacidad, y la necesidad de resolución judicial para ello, siguen siendo las mismas, pero se adopta una  nueva terminología que responde a una nueva concepción del sistema de protección de las personas, no tan basada en la dualidad entre capacidad/incapacitación, y en la sustitución de la voluntad del afectado a través de la tutela, sino en la adopción de apoyos puntuales, de carácter, extensión e intensidad variados, y en la consideración como elemento prioritario, también en la propia terminología,  de la condición de persona primero, y de su capacidad de obrar después.

Ya en otras leyes recientes se observa este deseo de ajustar las expresiones a esta concepción (como ejemplo véase la Ley Orgánica 11/2015, que  refuerza la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente para….).

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Encuesta europea de salud en España 2014


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Rogelio Pujol Rodríguez. Departamento de Población, CSIC.

El Departamento de Población del CSIC ofrece gratuitamente los ficheros de sintaxis para trabajar el Encuesta Europea de Salud en España 2014 (EESE-2014), cuya presentación de resultados tuvo lugar el pasado día 21 de octubre de 2015 por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta encuesta es una investigación de periodicidad quinquenal dirigida al conjunto de personas de 15 y más años en todo el territorio nacional. Se realizó por primera vez en 2009 en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La muestra de esta edición es de aproximadamente 23.000 viviendas.

La EESE-2014 ofrece una valiosa información sobre el estado de salud general del país (enfermedades crónicas, accidentalidad, limitaciones para la realización de actividades de la vida diaria, etc.), el grado de utilización de los servicios de salud y sus características (necesidades no cubiertas, prácticas preventivas), así como sobre los determinantes de la salud (actividad física, alimentación, apoyo social, etc.), de manera armonizada y comparable a nivel europeo. Proporciona resultados nacionales y por comunidades autónomas. Complementa los indicadores de la Encuesta Nacional de Salud, cuya última edición es de 2011/12.

El INE presenta los resultados globales en su página web, y también ha puesto a disposición de los usuarios los ficheros de microdatos (ficheros de adultos y hogares) asociados a la encuesta. Dado el interés de estos para el mundo profesional y académico, es por lo que el Departamento de Población del CSIC ha elaborado unos ficheros de sintaxis SPSS (.sps) para facilitar su lectura. Con ellos se crea la base de datos (.sav) con la que se obtienen cruces de variables a medida, tablas y modelos estadísticos avanzados. Estos ficheros de sintaxis y de base de datos se ofrecen gratuitamente en el Portal Envejecimiento En Red (Figura 1). Leer el resto de esta entrada »


Pirámide de educación


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Alberto Robles. Convenio en prácticas Universidad Carlos III- CSIC.
Rogelio Pujol Rodríguez, Antonio Abellán García. Departamento de Población, CSIC

La educación es un factor determinante de la salud y de la mortalidad. Existen estudios que subrayan este hecho: las personas con mayor nivel educativo tienden a vivir más tiempo. La relación con la discapacidad también es estrecha: a mayor nivel de estudios, niveles más bajos de discapacidad (autodeclarada) para actividades de la vida diaria.

A pesar del gran interés de estas afirmaciones, es difícil obtener series temporales de datos homogéneos de nivel educativo. La dificultad aumenta debido a los cambios en los planes educativos y en las equivalencias de categorías o grados de educación. Las comparaciones entre países también son dificultosas, a pesar de los esfuerzos de la UNESCO para estandarizar categorías de educación ( ISCED, International Standard Classification of Education).

Los censos de la población española avisan de importantes transformaciones en la estructura educativa. ¿Qué se puede extraer de los cambios en el nivel de estudios de las personas mayores? NOTA: véase el Anexo con la equivalencia de niveles de estudios 1991-2011; en este post señalamos algunos cambios operados en la estructura educativa de las personas mayores.

Ahora se observa una mayor presencia proporcional de personas con estudios superiores que hace años (Figuras 1a y 1b). Por ejemplo, el grupo de población de 70-74 años alcanzaba el 8,1% con ese nivel educativo en 2011, superior al del mismo grupo de edad en 1991 (3,2%) (Tabla 1).

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Efectos perversos de políticas sociales aparentemente igualitarias


Antonio Abellán García (1), Ángel Rodríguez-Laso (2), Rogelio Pujol Rodríguez (1), Laura Barrios (3).

(1) Departamento de Población, CSIC; (2) Matía Instituto Gerontológico; (3) SGAI, CSIC.

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Dar un “cheque-dependencia” a todas las personas mayores que tengan similares problemas de discapacidad, podría tener un efecto perverso; parece una medida igualitaria pero podría aumentar las diferencias entre colectivos de mayores ante problemas de salud.

¿Por qué?

En un reciente estudio se pone de manifiesto que un nivel más alto de educación amplifica significativamente la asociación inversa existente entre renta y discapacidad en los mayores. Esta asociación, ya conocida ampliamente, señala que las personas con más ingresos tienen menos discapacidad (por eso la llamamos inversa), pero si además tienen un nivel educativo alto esa asociación inversa se amplifica.

En la figura 1 se observa que las personas de alto nivel educativo y bajos ingresos tienen una probabilidad de discapacidad del 9,1%; con altos ingresos la probabilidad sería sólo del 5,5% (casi la mitad). En las de bajo nivel educativo se observa también una disminución de esta probabilidad, pero en este caso no sería tan acusada (de un 10,7% se pasaría a un 8,7%). Las personas con buen nivel educativo e ingresos demuestran tener una especial habilidad para evitar la discapacidad.

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