La residencia de los jubilados extranjeros en España importa (II)


Vicente Rodríguez. Instituto de Economía, Geografía y Demografía. Programa ENCAGE-CM.

Estudiar la residencia de jubilados en España es una tarea con diversas dimensiones y ello es posible, entre otras alternativas, a través de un trabajo continuado con una perspectiva interdisciplinar. Es la propuesta del Grupo de investigación de la Universidad de Málaga, sobre Inmigración y Envejecimiento en Europa (EURIE, SEJ-267), que mantiene el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mientras la sociología y geografía de la migración de jubilados son las perspectivas más comunes, otros componentes normativos y legales no son habituales, a pesar de su enorme trascendencia para los ciudadanos extranjeros residentes en España. Deslindar esos componentes es el principal resultado que se obtiene de la lectura del libro La residencia de los gerontoinmigrantes. Derechos y obligaciones de los jubilados extranjeros en los lugares europeos de retiro, dirigido por la profesora Mayte Echezarreta, de la Universidad de Málaga.

El concepto de residencia habitual, medida a través de criterios cuantitativos (tiempo de estancia y sus medios de prueba, básicamente) y cualitativos (centro de vida, lazos, relaciones) es el hecho que vehicula los estudios migratorios sobre jubilados. Y ello es así porque el residir en España afecta a personas mayores, procedentes de países distintos y que viven entre ambos países, y sometidas a normas diferentes, nacionales y/o europeas, aplicables según distintos criterios a distintas facetas de su vida. A veces la residencia se mezcla con otros conceptos como vecindad civil, ciudadanía o nacionalidad. Residir en España significa también atender a uno de los rasgos distintivos de esta población, su movilidad, como comportamiento habitual que tiende a la multilocalidad, reconocido por un derecho europeo, la libre circulación de personas. Sin embargo,  analizar conjuntamente residencia y movilidad, en el momento actual, evidencia las dificultades de adecuar la norma legal a los comportamientos móviles y fluidos de las personas de acuerdo con sus propios criterios (nacionalidad, residencia, país de procedencia, europea o no, capacidad económica) y a los intereses de los propios estados.

Tres de las preocupaciones básicas de las personas mayores son la sanidad, las pensiones y el pago de impuestos. Los derechos sanitarios, como las pensiones están ligados al Estado deudor en el que se generaron esos derechos, pero necesitan de instrumentos jurídicos de coordinación para ser exportados a otros Estados cuando el acreedor cambia su lugar de residencia. En el caso de las pensiones, es determinante diferenciar si son contributivas o no contributivas. Las segundas están ligadas a la residencia, no así las primeras. De ahí que se pierda el derecho si el ciudadano cambia su residencia a España. Finalmente, para determinar la tributación fiscal requerida a los jubilados extranjeros en España se analizan la residencia en España, los medios para acreditarla y la consideración del lugar de residencia como centro de las actividades económicas como elementos sustantivos de la persona como sujeto a tributos, poniendo también el foco en los convenios entre estados en relación con la doble imposición y sus modalidades. El reconocimiento de la participación política de los jubilados extranjeros en España, como derecho de notable importancia en Europa, también exige un análisis detallado de tres aspectos fundamentales, el tipo de participación (política vs. democracia participativa), los criterios de residencia y/o nacionalidad y su acreditación, y los acuerdos entre estados en el marco de la regulación europea.

Desde una perspectiva individual es muy interesante la relación entre la residencia habitual y el reconocimiento de algunos derechos privados y su reclamación judicial. Uno de ellos es la competencia judicial internacional para el acceso a la justicia en materias como la protección de la capacidad jurídica de las personas, la declaración de ausencia o fallecimiento, el divorcio, el derecho de alimentos entre parientes y las sucesiones, materias de alto interés para los adultos mayores desplazados, todas ellas tamizadas por el criterio de la residencia habitual. Pero, una vez deslindada la competencia de los tribunales, es interesante definir la residencia habitual como criterio determinante de la ley material aplicable en relaciones privadas transfronterizas como el divorcio o las herencias, como concepto más funcional que formal comprobable caso a caso. A pesar de ello, la residencia habitual no está libre de indefiniciones sin que la legislación nacional y europea consiga aclararlas. Y precisamente el hecho de vivir en España, en cualquiera de sus regiones, es otra dificultad para la determinación de la ley aplicable, dada la pluralidad de ordenamientos que conviven junto con el Derecho común. Es el caso de la vecindad civil, como criterio de aplicación de los derechos forales y su relación con la residencia habitual, para discutir los problemas que plantean la aplicación de las normas europeas reguladoras de los supuestos de justicia civil transfronteriza en los sistemas plurilegislativos en función del territorio en el que se resida. La necesidad de una mayor coordinación normativa en España es clave en este aspecto.

En definitiva, leer este libro es un reto para los investigadores y ciudadanos que quieran ahondar el las condiciones de vivir en España cuando se es jubilado europeo. La trascendencia de sus conclusiones no se agota con su propia identificación como aspectos esenciales en el ámbito legal. Es obligado señalar el papel de los jubilados como residentes depositarios de derechos que hacen valer para la organización de su vida individual y familiar, para construir estructuras de capital social y para poner en marcha iniciativas de innovación social. El papel de los jubilados no se termina en el mero hecho de ser residentes, sino que adquiere un significado mayor cuando, además, son valorados como agentes de innovación social.

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