Aspectos jurídicos de la discapacidad y la dependencia: especial referencia los mayores


Durante el verano de 2015 se ha dictado la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, que afecta a cuestiones variadas en relación con la protección de las personas mayores y su eventual incapacitación. Por otro lado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) organiza un Curso de Experto Profesional en materia de dependencia y discapacidad. Por este motivo le hemos solicitado a la profesora de la UNED Patricia López Peláez una breve introducción sobre la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria y su relación con los mayores, y conocer así porqué este curso es interesante.

Patricia López Peláez. Profesora Titular de Derecho Civil. Facultad de Derecho, UNED

La Ley de Jurisdicción Voluntaria, 15/2015, de 2 de julio (LJV)

Esta Ley abandona los términos “incapaz” e “incapacitación” y los sustituye por la referencia a las “personas cuya capacidad está modificada judicialmente”, tanto en esta Ley como en la Ley de Enjuiciamiento Civil (D. Final 3ª). Curiosamente el Código Civil no ha sido modificado y el epígrafe sigue siendo la incapacitación.

Las causas para modificar judicialmente la capacidad, y la necesidad de resolución judicial para ello, siguen siendo las mismas, pero se adopta una  nueva terminología que responde a una nueva concepción del sistema de protección de las personas, no tan basada en la dualidad entre capacidad/incapacitación, y en la sustitución de la voluntad del afectado a través de la tutela, sino en la adopción de apoyos puntuales, de carácter, extensión e intensidad variados, y en la consideración como elemento prioritario, también en la propia terminología,  de la condición de persona primero, y de su capacidad de obrar después.

Ya en otras leyes recientes se observa este deseo de ajustar las expresiones a esta concepción (como ejemplo véase la Ley Orgánica 11/2015, que  refuerza la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente para….).

  • Por otra parte, la LJV regula en sus arts. 43 a 51 la tramitación de los expedientes para la constitución de tutela y curatela siempre que estas figuras no se soliciten en un proceso judicial para modificar la capacidad de la persona (en estos casos 748 y ss. y 756 y ss.  LEC). Es decir, cuando no se haya solicitado en la demanda de modificación judicial de la capacidad el nombramiento de la persona que haya de asistir o representar al incapaz y velar por él, o de haberse solicitado el Juez no haya accedido a ello, y cuando se trate de personas mayores cuya capacidad ya fue modificada judicialmente y por algún motivo hay que cambiar al tutor o curador….

Se regula la competencia judicial, solicitud, procedimiento, aceptación del cargo por los llamados, y también la prestación de fianza y formación de inventario, retribución, remoción, excusas, y rendición final de cuentas, en reglas cuya existencia en una ley procesal llama la atención, y cuya concordancia con las del Código Civil no es absoluta.

  • La LJV contiene medias específicas sobre vigilancia y control del guardador de hecho (art. 52); expedientes relacionados con el patrimonio protegido de personas con discapacidad (arts. 56 a 58: constitución, nombramiento de administrador y su sustitución,  cambio de reglas de administración, autorización judicial de sus operaciones…); expedientes para obtener autorización judicial para que el representante legal consienta intromisiones ilegítimas en el honor, intimidad e imagen de la persona con capacidad modificada judicialmente, de ser  necesaria por constar la oposición inicial del Ministerio Fiscal (arts. 59 y 60); expedientes para obtener la autorización o aprobación judicial de actos de gravamen o disposición del representante legal o administrador del patrimonio protegido cuando sea necesaria (arts. 61 a 66); y adopción judicial de medidas de protección de la persona con capacidad modificada en caso de ejercicio inadecuado de la potestad de guarda, o en relación a la administración de los bienes, en los términos de los arts. 216 y 158 del CC (arts. 87 a 89), sin perjuicio de que todos los expedientes que se encuentren en tramitación al tiempo de la entrada en vigor de esta Ley se continuarán tramitando conforme a la legislación anterior (D. Transit. 1ª).
  • Por último, la LJV modifica diferentes preceptos de otras leyes relacionadas con los derechos de las personas mayores, como el Código Civil (en materia de tutela, curatela y defensor judicial amplia las facultades del Secretario judicial, D. Final 1ª), o la Ley 41/2003, de protección  patrimonial de las personas con discapacidad.

Todo esto ha entrado en vigor el día 24 de julio de 2015 (D. Final 2ª).

Ley 26/2015, de 28 de julio

Por otra parte la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia a pesar de su tenor literal (de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia) añade al Código Civil el artículo 239 bis, que queda redactado como sigue:

« Artículo 239 bis.

La Entidad Pública a la que en el respectivo territorio esté encomendada la protección y apoyo de las personas con la capacidad modificada judicialmente, será designada como tutora cuando no haya sido constituida la tutela en favor de persona alguna conforme al artículo 234.

Asimismo, asumirá por ministerio de la ley la tutela de las personas con la capacidad modificada judicialmente cuando se encuentren en situación de desamparo, debiendo dar cuenta a la autoridad judicial que modificó su capacidad.

Se considera como situación de desamparo a estos efectos, la que se produce de hecho cuando la persona con la capacidad modificada judicialmente quede privada de la necesaria asistencia a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que incumben a la persona designada para ejercer la tutela, de conformidad a las leyes, o por carecer de tutor.»

Por tanto, introduce una importante novedad, y es que, sin perjuicio de que las personas jurídicas puedan ser nombradas tutoras de personas mayores si en la modificación judicial de su capacidad se opta por este sistema de protección,  la tutela corresponderá por ley a la entidad pública en caso de desamparo de dichas personas, y no solo cuando se trate de menores de edad, como ocurría hasta ahora.

La Ley 26/2015 modifica también el artículo 303, relativo a la guarda de hecho, muy frecuente tratándose de nuestros mayores, que queda redactado como sigue:

« Artículo 303.

  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 228, cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y los bienes del menor, o de la persona que pudiera precisar de una institución de protección y apoyo, y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer asimismo las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.

Cautelarmente, mientras se mantenga la situación de guarda de hecho y hasta que se constituya la medida de protección adecuada, si procediera, se podrán otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores. Igualmente, si fuera menor de edad, se podrá constituir un acogimiento temporal, siendo acogedores los guardadores.

  1. Procederá la declaración de situación de desamparo de los menores y de las personas con la capacidad modificada judicialmente en situación de guarda de hecho, cuando, además de esta circunstancia, se den los presupuestos objetivos de falta de asistencia contemplados en los artículos 172 y 239 bis.

En los demás casos, el guardador de hecho podrá promover la privación o suspensión de la patria potestad, remoción de la tutela o el nombramiento de tutor.»

Como vemos, permite al Juez otorgar facultades tutelares a un guardador de hecho hasta que se constituya la medida de protección adecuada, si procediere, reconoce la posibilidad de declaración de desamparo no solo de personas menores de edad, y recoge facultades del guardador si existiera alguna medida de protección anterior que no es efectiva.

Curso de Experto Profesional en materia de dependencia y discapacidad 

El curso es interesante, pues realiza un análisis jurídico de una realidad española como es el incremento de la población con edades avanzadas, que suele tener dificultades añadidas, y en muchas ocasiones tiene algún tipo de discapacidad reconocida, sea de tipo físico, psíquico o sensorial, o incluso necesita asistencia para la realización de actos cotidianos de la vida diaria.

Con el mismo se trata de proporcionar a todas las personas relacionadas con el mundo de la protección de los mayores una formación jurídica suficiente para prevenir y solucionar algunas de las situaciones de falta de protección y desamparo en que pueden encontrarse estas personas, analizando los instrumentos jurídicos existentes, personales y patrimoniales, para conseguir su mayor protección, así como la de los profesionales y familiares encargados de su atención, y proporcionando una visión global de la materia.

Al progresivo envejecimiento de la población occidental se suma que las personas con edad avanzada suelen presentar limitaciones en sus actividades diarias que exigen la presencia de cuidadores, y en ocasiones les afectan también ciertas discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, que pueden conducir a la incapacitación judicial para su mejor defensa.

El objetivo de este curso es analizar los instrumentos jurídicos y técnicos existentes para garantizar la mejor tutela de estas personas en una situación de especial desprotección, y de sus familias; por ello en el mismo se abordarán tanto aspectos personales del envejecimiento (capacidad de obrar, instituciones de protección, autotutela, incapacitación judicial, representantes legales, internamientos) como patrimoniales (administración de bienes, sistemas de financiación, derecho legal de alimentos, patrimonio protegido, cuestiones sucesorias, responsabilidad por los daños causados).

La duración es de 400 horas, con 20 créditos ECTS.

  • Más información:

La dirección web es la siguiente:  http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/8170

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