Pacto generacional


Santiago Cambero Rivero. Profesor de Sociología. Universidad de Extremadura

Últimamente algunos políticos se manifiestan a favor del llamado “pacto generacional”, haciendo referencia a la necesidad de implementar políticas que garanticen la sanidad universal, la educación pública y gratuita, la dependencia y las pensiones dignas. Es decir, que las personas de distintas edades y generaciones convivan en igualdad de acceso a recursos públicos en una sociedad democrática que debería avanzar en su Estado de bienestar, y no retroceder como nos advierten las cifras de la exclusión social en los informes realizados por entidades del Tercer Sector.

Son múltiples las caras de la nueva pobreza, que evidencian como la brecha de la desigualdad social tiene su correspondencia con la brecha intergeneracional en tantas familias españolas que pierden capacidad adquisitiva. Se observa como los familiares más jóvenes se exilian por motivos laborales a otros países europeos, mientras las personas mayores son las únicas que contribuyen a las economías domésticas con sus pensiones de jubilación, amortiguando así las consecuencias dañinas de la crisis económica.

En ese sentido, la coyuntura de recesión económica está suponiendo una pérdida de ingresos, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida en las familias españolas. Así, ese pacto generacional por el cual los adultos de hoy pagan la jubilación de los mayores está siendo afectado por los recortes en servicios públicos y prestaciones sociales, unido al drama personal y familiar del desempleo entre los miembros más jóvenes. En la actualidad existen más de 420.000 hogares con algún miembro en paro que están sustentados por un pensionista, casi el triple que los registrados en 2007. En los últimos diez años la pensión media ha subido 250 euros mensuales, pero sigue habiendo un tercio por debajo del salario mínimo, como refleja el informe “El impacto de la crisis en las condiciones de vida de las personas mayores” realizado por la Fundación 1º de Mayo (2013).

Foto compartida desde Flickr por MrOmega en https://www.flickr.com/photos/mromega/2496156969

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Hace ocho años el porcentaje de familias con problemas de desempleo sostenidas por un una pensión pública representaban el 3,6% del total de hogares, mientras que hoy superan el 9%, siendo la principal fuente de ingresos en el 26% de los hogares españoles. Como indican los analistas de mencionado centro sindical de estudios ”estas circunstancias provocan una inversión injusta y sin precedentes en el flujo de la llamada solidaridad intergeneracional”.

Por consiguiente, más que nunca resulta estratégico continuar desarrollando políticas de bienestar general, equitativas e inclusivas, ya que cualquier ciudadano está en situación de vulnerabilidad social, dadas las condiciones de vida que estamos asumiendo con normalidad societaria. Y es que en los inicios de la crisis en el año 2008, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de las personas mayores de 65 años (27,7%) estaba por debajo de la media del conjunto de la población (24,5%); mientras que en los últimos dos años, la tasa de pobreza de los mayores es ahora del 14% frente al 28% general (INE, 2013) (EAPN, 2014), lo que refleja los crecientes niveles de desigualdad entre las generaciones que conviven en el territorio español.

Este contexto socio-económico-demográfico insta a los responsables públicos a valorar los efectos de esta revolución de la longevidad, en aras a evolucionar de lo multigeneracional hacia lo intergeneracional, de la coexistencia a la interacción social. Una de las claves del futuro próximo, que cualquier gobierno proactivo debe tener presente en su agenda política para responder a los nuevos retos de una población con estructura por edades diferente hasta la fecha, y empobrecida relativamente en términos de capacidades para satisfacer todas o parte de las necesidades básicas.

Referencias

– EAPN España (2014). Dossier Pobreza EAPN España (pdf). Madrid.

– Fundación 1º de Mayo (2013). El impacto de la crisis en las condiciones de vida de las personas mayores. Madrid.

– INE (2013). Encuesta de Condiciones de Vida. Madrid.

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